Urbanismo al dictado del ladrillo

El gobierno de Llorente sigue produciendo chapuzas urbanísticas para contentar a promotores afines. Si después hay reclamaciones patrimoniales ¿las asumirán sus artífices, o se cargará otra vez al erario público?

El pasado viernes la Comisión de Urbanismo dictaminó sobre la aprobación definitiva de la Modificación del PP4 y del Plan Especial para el entorno del Hospital Severo Ochoa y el barrio de Los Frailes.

A pesar de que el equipo de gobierno disponía desde hace 2 años de un informe que aconsejaba la realización de una rotonda para dar acceso al nuevo barrio del PP4, las urgencias y el barrio de Los Frailes, han hecho la tramitación del PP4 sin recogerlos. Es más, era algo que ya se preveía en octubre de 2007 que debía realizarse con cargo posterior a la Junta de Compensación del PP4.

Las obras de desdoblamiento se han llevado a cabo sin estar recogidas en ningún instrumento de planeamiento previo a la ejecución, tal como establece la norma. ¿Quién a nivel técnico municipal ha visado si se ha tramitado la obtención de los suelos para realizar el viario de acuerdo a la legislación? Nadie. Se han realizado dichas obras sin proyecto de ejecución aprobado por la administración municipal, ni encomienda a la Junta de Compensación. No se ha certificado por técnico municipal si se han realizado obras fuera de lo establecido en el Plan Parcial y el Plan Especial.

Otro caso de realización de obras sin cobertura jurídica. Si después hay reclamaciones, ¿habrá responsabilidades patrimoniales? ¿Se harán cargo quienes han sido responsables de la tramitación?

Paralelamente, el gobierno de Llorente hace suyas las propuestas de modificación redactadas y presentadas por la propia Junta de Compensación del PP4, y hace que el ayuntamiento las tramite de oficio. Una modificación que supone ahorro de costes en la edificación en detrimento de las calidades y los derechos de quienes compraron vivienda sobre plano. Se aumentan 2 alturas y se concentra la edificabilidad en menor superficie de parcela, pasando de 2 viviendas por planta a 4 o más (con mismos ascensores, etc.), se elimina la ventilación cruzada, se alteran alineaciones, se elimina la recomendación de no usar conducciones de PVC, retranqueos, se autoriza el uso hostelería en la planta baja… Se ahorran mucho dinero en huecos de escaleras, ascensores, por las nuevas características de las viviendas…

Esta modificación beneficia a los promotores/gestores, abaratando los costes de construcción y perjudica a las y los cooperativistas que han comprado sobre plano, a quienes los promotores dirán que el cambio de características es cosa del ayuntamiento. Incluso nos tememos que se pueda intentar repercutir costes fuera de módulo por supuestas mejoras (piscina, zonas deportivas y áreas sociales privativas…).

El alcalde callará que ésta modificación supondrá más tiempo de retraso. ¿Cuántas de las parcelas resultantes están trabadas, han sido vendidas o tienen notaciones de embargo? ¿Por qué el ayuntamiento no facilita dicha información a las y los cooperativistas, por qué no han puesto en marcha la oficina de Vivienda aprobada en Pleno en 2016? Siendo el ayuntamiento propietario mayoritario del suelo hace dejación de funciones y se limita a facilitar las cosas a los promotores/gestores inmobiliarios, alguno “de oro” que participa incluso en la redacción del programa electoral de urbanismo del PSOE.

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