Rueda de prensa – Sentencia firme del Tribunal Supremo y balance de legislatura

Es nuestra última rueda de prensa como concejalas. Hemos cumplido el compromiso que firmamos en 2015 de ser cargos públicos sólo un mandato. El compromiso de volver a nuestros trabajos ya lo llevamos cumpliendo hace años. Mercedes renunció a la liberación en agosto de 2016, el resto volvimos a nuestros trabajos tras haber validado el alcalde, Santiago Llorente, nuestra expulsión ilegal y la burocratada de una minoría de Leganemos para hacerse con el control de la organización y cambiar su rumbo.

Una minoría que, ante las diferencias políticas y ante lo que eran las bases políticas con las que se fundó la organización, utilizó una estrategia clara de vieja política: desprestigio, tergiversación, manipulación, malas formas constantes y ataques personales, apropiarse del trabajo ajeno, etc. para desgastar y machacar a quienes defendíamos los postulados con los que se formó Leganemos, a quienes no nos plegábamos a las imposiciones, ocurrencias y macarrismo del jefe y la jefa.

Algunas estuvimos aguantando dicho macarrismo e imposiciones desde el día después de la investidura. El siguiente objetivo a batir era la coordinadora. En seis meses buena parte de la misma cambió, no es plato de gusto estar aguantando situaciones de tensión que desgastan menos cuando lo haces para contribuir altruistamente a algo y no porque te va el sueldo en ello. Estuvimos meses trabajando y pidiendo que se eliminaran las malas formas. Otros dedicaron más tiempo a tomar cafés para ir sembrando su relato, algo que necesitaban para ir eliminando a quienes les resultábamos un estorbo. Y utilizaron mucho victimismo, y también juego sucio, como filtraciones difamatorias a prensa y calumnias y trato vejatorio también en redes.

Ante la parálisis de la coordinadora para poner herramientas para cambiar la situación, nuestro compañero Javier Blanco decide dimitir y explicar los motivos en una asamblea. 5 de las 8 personas que formábamos el grupo municipal explicamos abiertamente en la asamblea lo que llevábamos viviendo un año. Durante 4 asambleas seguidas impidieron que se votase ninguna propuesta. Dimite otro concejal. Propusimos que se debatiese en la asamblea una dimisión en bloque y correr lista, entendiendo que lo importante era el proyecto y que era una solución factible. Más de 100 personas lo solicitaron por escrito. La respuesta fue que no se podía llevar tal propuesta a la asamblea porque no había reglamento para hacer un revocatorio. Sin embargo, paralelamente, el portavoz registró un escrito en secretaría del pleno diciendo que 3 concejalas estábamos expulsadas.

Que habían registrado tal escrito nos lo contó alguien que lo vio en el ayuntamiento. Pero en el ayuntamiento nos negaban copia de los escritos en los que éramos afectadas hasta que no regresara el secretario de vacaciones. Tras regresar el Secretario, nos confirmó que existía tal escrito pero tuvimos que amenazar con ir a los juzgados para que nos facilitasen copia, comprometiéndose el secretario a darnos copia la semana siguiente. En esos momentos cambiaron el orden del día de una asamblea ya convocada previamente. No incluyeron propuestas que se habían presentado por escrito meses atrás y que en teoría se iban a votar en dicha asamblea según la primera convocatoria. Parecía que iba a ser otra asamblea de desgaste. La misma noche de dicha asamblea, nos enteramos por twitter que estamos expulsadas. Sin apertura de expediente disciplinario, sin proceso contradictorio en el que poder presentar alegaciones, sin capacidad de defensa, sin ninguna notificación previa. Claramente se habían vulnerado los estatutos y nuestros derechos fundamentales. Quienes habían contestado que una asamblea no podía posicionarse sobre si deberíamos dimitir en bloque por falta de reglamento revocatorio, nos expulsan sin que ni si quiera figurara en el orden del día y saltándose todo el proceso garantista estatutario.

Inmediatamente registramos en secretaría que habíamos conocido por redes y prensa que nos expulsaban, que era del todo fraudulento y que emprendíamos acciones judiciales, solicitando que no diesen trámite hasta que no se pronunciase el juzgado. Pero tal y como reconocieron quienes nos expulsaron en rueda de prensa, en boca de Tere Plaza, desde secretaría “les fueron dando las instrucciones para poder hacer el papeleo legal y que pudieran tramitar la expulsión desde el ayuntamiento”.

Es evidente que a Llorente le beneficiaba mucho. Rompía a la segunda fuerza en votos en la legislatura en que peores resultados había sacado el PSOE. Rompía al primer grupo de la oposición, algo que le venía muy bien. Y favor, con favor se paga.

Desde la asamblea paripé para legitimar una expulsión que ya había comunicado el portavoz en agosto, hasta que lo tramitó secretaría del ayuntamiento, llegaron a ofrecernos no tramitar la expulsión en el ayuntamiento si una de nosotras dimitía, para que entrara uno de los suyos, el mismo que había registrado varios escritos intentando utilizar que fue nombrado representante ante la junta electoral provincial para las elecciones para hacerse pasar por representante legal del partido y que les validaran la expulsión fraudulenta desde el ayuntamiento. Vamos, que les importa un pepino la asamblea que hicieron, era un mero medio instrumental en sus planes. Utilizaron el mismo modus operandi en otra asamblea, cambiando el orden del día sobre la marcha, para aprobar cambiar la representación legal del partido y poder presentarlo en el ministerio de interior. Otro fraude estatutario que también denunciamos en los juzgados.

Al pasarnos a no adscritas nos intentan convertir en “apestadas políticas”. Nos acusan de tener un pacto con el PSOE, de tránsfugas, nos acusan de aprovechamiento personal de los medios municipales inventando tonterías y calumnias a las que dan mucho pábulo en redes y prensa. Hasta de que nos seguían pagando un sueldo municipal que ya, evidentemente, no nos pagaban. Toda una campaña para intentarnos hacer pasar por tránsfugas que se habían vendido. Nos acusan públicamente de robar documentación, algo que el juzgado archivó nada más tomar declaración a las partes, ya que no había nada, era humo. Y utilizan muchísimas otras calumnias más. Hicieron un censo nuevo, haciendo un paripé de reinscripción en que se negaron a registrar nuestras solicitudes.

Nosotras decidimos no dimitir ante tal farsa chantajista y burocrática. Lo decidimos colectivamente junto con decenas de personas que habían formado parte de Leganemos y habían sido purgadas del censo. A pesar del estigma político que supone la etiqueta de “no adscrita” y de que nos llamasen “tránsfugas” sin serlo. A pesar de que nos dejasen sin grupo municipal y sin medios para hacer nuestra labor de oposición: propuestas y fiscalizar al gobierno. Con grandes dificultades por horarios laborales para ver decretos, expedientes, asistir a reuniones.

Al pasarnos a no adscritas, dejaron de funcionar las comisiones de investigación sobre Púnica y Legatec, que sólo tuvieron una sesión y la otra dos en la primera mitad de 2017 y no se han vuelto a convocar. Nos quitaron de en medio en los consorcios urbanísticos de Fortuna y Leganés Norte, a quienes hacíamos preguntas, pedíamos documentación, ejercíamos de oposición y por eso resultábamos molestas; sustituyéndonos por el señor Muñoz, que ni siquiera ha ido a las reuniones. Nos cesaron en los consejos de administración de las empresas públicas.

Frente a la realidad de la gestión de Llorente en la legislatura, de haber estado gobernando con los presupuestos del PP y sacando con el PP lo que les interesaba hasta el último año, Llorente consiguió vender fotos de pactos con parte de su izquierda y derecha. Pactos que quedaron en nada, pero que les sirvieron de campaña de autobombo. Incluso algunos han hecho de tonto útil haciéndole el juego a determinados intereses empresariales, aunque sea por desconocimiento, por no leer la documentación y creerse lo que les contaban otros ediles muy intencionadamente.

Nosotras hemos seguido trabajando, con todas las dificultades, intentando fiscalizar al gobierno, haciendo propuestas, etc. Aparte de las mociones, que no tienen valor vinculante, hemos sido quienes hemos formulado más votos particulares en la legislatura. Hemos señalado carencias y hecho propuestas alternativas. Hemos intentado defender los intereses de la ciudadanía y el interés general. Hemos intentado defender el programa y los compromisos con que nos presentamos en 2015. Y terminamos cumpliendo también el compromiso de no volver a presentarnos.

Durante este tiempo, hemos ido ganando todas las sentencias judiciales. Pero a Leganemos le daba exactamente igual lo que dijese el juzgado, hasta incumplir un auto firme de ejecución provisional que obligaba a readmitirnos. Nos dirigimos al Secretario y al alcalde, notificándoles dicho auto judicial, pidiendo que dieran trámite a dicha readmisión, pero se lavaron las manos. Tanto la estrategia de Leganemos como la del alcalde ha sido ganar tiempo para que pasara la legislatura. Leganemos ha contratado un buen abogado, especialista en alargar los procesos, que debe haberles costado un riñón, para conseguir su objetivo de no readmitirnos hasta agotar la legislatura.

La sentencia del supremo ha llegado después de las elecciones. Nos da la razón, algo que teníamos clarísimo que iba a ser así, pero llega tarde, así que no se ha hecho justicia, ya que ya es inejecutable que nos readmitan en el grupo municipal. La sentencia aclara que fue una expulsión por las bravas, fraudulenta, bajo eufemismos, que se saltaron los estatutos y cualquier procedimiento garantista. Que se vulneraron nuestros derechos fundamentales. El informe fiscal es demoledor. Tumban las mentiras de Leganemos. Ya no pueden seguir diciendo que cometieron un defecto de forma y demás engañifas.

Podríamos pedir daños y perjuicios a Leganemos por la vía civil. Queremos señalarlo. Probablemente les vaciáramos las arcas a Leganemos. Pero nunca hemos hecho esto por dinero. Leganemos ya no tiene nada que ver con lo que fue en 2015 y nosotras no queremos tener nada que ver con dicha organización. Pero hemos ganado la batalla, aunque tarde, de demostrar que teníamos razón. Que fue un atropello democrático. ¿Ustedes creen que alguien que atropella así derechos fundamentales de sus compañeros, realmente va a defender los de nadie?

Nosotras hemos seguido hasta agotar la legislatura por nuestro compromiso político con quienes votaron un proyecto. No podíamos permitir que mediante maniobras burocráticas y las malas artes de la vieja política liquidaran un proyecto que se fundó como una herramienta para hacer política de forma distinta, no para vivir profesionalmente de la política. Por eso emprendimos la pelea judicial y no dimitimos. Lo más cómodo, desde el punto de vista personal, habría sido dimitir, desistir, olvidarnos y volver a nuestras vidas. Pero ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Esta sentencia llega tarde para nosotras, pero queda para el futuro, para que a otras no les hagan lo mismo.

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